Acordaron
penas por el crimen de DANIEL.
El tribunal pluripersonal citó a las
partes y fijó audiencia para el próximo 4 de abril para ratificar el acuerdo.
La causa tiene tres imputados por el homicidio del cabo 1º Daniel Alejandro
Molina.
Tres acusados de participar del crimen de un policía, hace dos años en
Gobernador Crespo, aceptaron penas de 13 y 16 años de prisión a través de la
modalidad del juicio abreviado. Iba a ser el próximo juicio oral y público, con
fecha de inicio fijada para el 11 de abril y el tribunal había dispuesto una
semana de audiencias en el lugar de los hechos, donde se esperaba recibir el
testimonio de más de medio centenar de testigos. El acuerdo de partes,
rubricado esta semana con el aval del fiscal y la querella, acotó los plazos y
de no suscitarse inconvenientes será ratificado después de Semana Santa.
El caso se remonta al 6 de febrero de 2011, cuando se produjo una gresca en el
Festival del Chamamé, en el patio del Instituto San Antonio, de Gobernador
Crespo, en el departamento San Justo. La víctima fatal fue el cabo primero
Daniel Alejandro Molina, de 36 años, quien trabajaba en la comisaría de
Marcelino Escalada y había sido convocado como servicio adicional para el
baile.
Cuatro personas resultaron procesadas por el homicidio de Molina, tres de los
cuales son miembros de la misma familia. Santos Pablo Toloza, su esposa Celia
Benítez y el mayor de sus tres hijos, Santiago Juan Toloza. El cuarto es un
allegado a los Toloza, y se llama Julio César Barrega.
Esta semana
Benítez atravesaba una enfermedad terminal y falleció el año pasado, por lo que
se extinguió la acción penal en su contra. Su esposo e hijo acordaron penas de
13 años de prisión para cada uno por su participación en el crimen del policía;
mientras que Barrega, sobre quien pesaban las peores acusaciones, aceptó una
condena de 16 años de cárcel.
El acta de acuerdo se rubricó esta semana con la conformidad del Fiscal N° 6,
Rubén Díaz, el abogado Dionisio Ayala -defensor de los Toloza- y la dupla de
profesionales que conforman Horacio Paulazzo y José Ignacio Mohamad -por
Barrega-. También aceptó los términos el abogado querellante Luis Hilbert, en
representación de la familia de la víctima.
Asimismo, el tribunal pluripersonal encabezado por el juez de Sentencia
Norberto Nisnevich, junto con sus pares Gustavo Urdiales y Cristian Fiz,
fijaron audiencia para el jueves 4 de abril, después de Semana Santa, para
ratificar el acuerdo alcanzado por las partes. Recién a partir de entonces la
sentencia cobrará vigencia y pasará a un juzgado de Ejecución para que se
realice el cómputo legal.
La pelea
El crimen del cabo Molina encuadra en esa clase de hechos extraordinarios para
una comunidad como la de Gobernador Crespo, que hace gala de ser tranquila,
ordenada y trabajadora.
Sin embargo, aquella madrugada del 6 de febrero del 2011 se produjo un episodio
inesperado, nada menos que el en patio de una escuela, durante un festival
típico.
Los Toloza, que llegaron al baile con ínfulas de guapo, habrían sido quienes
provocaron a los policías que hacían el servicio adicional cuando uno de los
chicos -estaban con otros dos hijos de 15 y 14 años- gritó: “A estos milicos
habría que matarlos a todos”.
La réplica no se hizo esperar y hubo golpes, estampida de gente y finalmente
corrió sangre. La gresca ocurrió alrededor de las 3 de la mañana y continuó en
las calles, camino al centro de salud, donde además de Molina fueron atendidos
otros siete policías, dos de los cuales fueron luego derivados a Santa Fe.
El cabo Molina había recibido una puñalada por la espalda y del Samco local fue
trasladado a San Justo, donde luego de un peligroso período de espera fue
remitido al hospital Cullen de la capital. Pero Molina había perdido mucha
sangre en el trayecto y falleció a la altura de Recreo, cuando el ambulanciero
resolvió ingresar en el Protomédico.
El juicio frustrado
El juicio abreviado echó por tierra toda la programación de lo que iba a ser el
juicio oral y público por la muerte del policía Daniel Alejandro Molina.
El tribunal pluripersonal integrado por los jueces Norberto Nisnevich, Gustavo
Urdiales y Cristian Fiz había fijado fecha para el 11 de abril para los
alegatos de apertura. La reunión estaba prevista en la sala de audiencias en el
primer piso de Tribunales, donde esa misma tarde se tomarían ampliaciones de
declaración indagatoria para los imputados, a pedido de uno de los abogados
defensores.
El viernes 12 de abril se tomarían las primeras declaraciones testimoniales,
sobre todo aquéllas relacionadas a la pericial médica y las personas citadas
con domicilio en Santa Fe y alrededores.
Pero por disposición del tribunal, la semana del 15 al 19 de abril el juicio
debía trasladarse a Gobernador Crespo para tomar el resto de las declaraciones,
ya que fueron citados más de medio centenar de testigos.
Esto significaba una gran oportunidad para la Justicia, de salir a mostrar el
nuevo sistema de enjuiciamiento, ya que implicaba la realización de un juicio
-aunque parcial- en el lugar de los hechos; algo que había sido solicitado años
atrás en el caso del crimen de la maestra de San Jorge, Alejandra Cugno.
Pero era más grande el dolor de cabeza para los encargados de la logística de
tribunales, ya que aseguran, no estaban dadas las condiciones para armar una
sala del juicio a 160 km de la capital. Cabe mencionar que además de las
cuestiones obvias de seguridad, las audiencias deben ser filmadas en su
totalidad para el caso de futuras apelaciones y movilizar los equipos implicaba
un gasto a considerar.
La alternativa estaba en contratar un servicio de transporte para trasladar a
los testigos hasta Santa Fe para los días de audiencia.
En esos menesteres estaban los funcionarios judiciales cuando de pronto fue
alcanzado el mencionado acuerdo condenatorio.
Conformidad
“Los familiares han estado de acuerdo” con las penas alcanzadas en el juicio
abreviado, confirmó el abogado de la querella, Luis Hilbert. El profesional
explicó cuáles eran los riesgos del juicio oral, “teniendo en cuenta que a la
fecha no está claro si (Molina) murió por la puñalada o por una eventual
responsabilidad que pudieron haber tenido los médicos y funcionarios del
Ministerio de Salud”, por las supuestas demoras en el traslado a un centro
asistencial apropiado. “A su vez, se está tramitando otro juicio por la falta
de atención médica”, cuyas actuaciones están caratuladas “Molina Teresita sobre
denuncia” y fue instado por la hermana de la víctima ante el Juzgado de
Instrucción Octava, amplió el Dr. Hilbert.
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